- En los dos últimos años el periodo medio de pago a las empresas y proveedores se ha retrasado “cuando lo que deberían haber hecho PSOE y Compromís era agilizarlo”
- Salvador Aguilella, diputado provincial del PP, lamenta que “en un momento económico crítico para las familias, la gestión está en manos de partidos que no quieren trabajar”
La Diputación de Castellón ha retrasado el pago de facturas a los proveedores en los últimos dos años pese a disponer de la mayor liquidez de su historia. Fruto de la herencia del PP, las arcas de la institución provincial gozan de una salud “absoluta” que “debería garantizar la agilidad en el pago de las deudas, en lugar de demorarla”.
Salvador Aguilella, diputado provincial del PP, ha lamentado que “tras cerca de dos años al frente de la Diputación, PSOE y Compromís todavía no han arrancado el motor de esta institución. Y su ineficacia provoca que esta provincia pierda oportunidades, capacidad y talento”.
“Hoy, quienes cobran, lo hacen con retrasos injustificados para una institución que posee más de 50 millones de euros en caja”. Todo lo contrario de la etapa de gobierno del Partido Popular “en la que trabajamos día a día apretando el acelerador para que esta institución inyectara con diligencia y agilidad el pago de subvenciones, ayudas y facturas”.
Cabe señalar que PSOE y Compromís han retrasado hasta 24 días el pago de facturas cuando en la etapa de gobierno del PP “había facturas que se pagaban al día siguiente de su entrada en la Diputación”. La meta, explica Aguilella, “era no cargar a los proveedores, autónomos, comercios y empresas con deudas que la institución debía abonar. Por ello, el reto, era pagar con la máxima diligencia”.
Ahora, lamentablemente, explica el diputado provincial, “el único reto es el relato. Se vende humo de forma constante pero no hay hechos que acrediten lo anunciado. Y la prueba evidente de que no se trabaja no solo se aprecia en el retraso en el pago a proveedores. Lo sufren los alcaldes, entidades y asociaciones de esta provincia que viven bombardeados por el aparato de propaganda de PSOE y Compromís pero que siguen sin cobrar aquello que se les promete”.
-El Gobierno de la Generalitat Valenciana (PSOE, Compromís y Podemos) ha contratado como asesora a Farah Taja Suárez, una jueza venezolana que integró las listas electorales de Hugo Chávez en el país caribeño. Cobrará 46.300 euros al año, es decir, casi 4.000 euros al mes.
-La Generalitat de la Comunidad Valenciana, gobernada por Ximo Puig, ha gastado en los últimos meses 554.310 euros a dedo en informes para avalar sus postulados ideológicos. Por ejemplo, ha encargado estudios para criticar la política de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid o los beneficios de implantar la renta mínima.
-El ex candidato de Podemos en el municipio de Meliana (Valencia) que dijo que los 7.000 curas y monjas asesinados en la Segunda República fueron «pocos» se ha tenido que ver las caras finalmente con el magistrado Félix Blázquez Calzada.
-El alcalde de Catarroja (Valencia), Jesús Monzó, de Compromís, ha sido denunciado por segunda vez por la Policía Local de la localidad por saltarse las restricciones en vigor por la pandemia del Covid-19.
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Al psoe las malas compañías le persiguen y en ocasiones tiene que actuar en función de las mismas. No voy a enumerar cuales son estas malas compañías porque están a la vista de todos.