• El «chantaje lingüístico» sanciona doblemente a los alumnos de zonas de habla castellana

• Sólo los niños que se formen en valenciano tendrán opción a estudiar inglés y recibir titulación acreditativa

• Sólo los centros que elijan el catalán de Marzà recibirán “acciones preferentes”de la Consellería, como recursos exclusivos y adicionales o incentivos para los docentes

El nuevo decreto lingüístico impulsado por la Consellería de Puig y Marzà, que entrará en vigor el próximo curso académico 2017-2018, no es más que una encerrona catalanista que pretende adoctrinar a los niños y jóvenes de la Comunidad Valenciana. Un decreto que coarta la libertad de elección de los padres, que limita los estudios y el carácter lingüístico-formativo de los pequeños y, lo que es más grave, un decreto que va mucho más allá, puesto que pretende cambiar el «imaginario colectivo», según palabras de Mónica Oltra.

Los niños de la comunidad sufrirán el «chantaje lingüístico» impuesto por la Consellería de Educación, y aquellos que estudien sólo en valenciano serán premiados con un mayor número de horas y título acreditativo en inglés.  De acuerdo al Decreto, los padres no tienen capacidad para elegir la lengua en la que se imparten las clases, ya que la decisión depende del Consejo escolar de cada centro, que ha de aprobarla por mayoría de dos tercios.

Los centros se encuentran inmersos en el proceso chantajista, ya que tienen de plazo hasta el próximo 15 de marzo para informas sobre el itinerario que pretenden seguir durante el próximo curso académico. En esa decisión irá el futuro de miles de niños de la comunidad, niños que viven en zonas de habla castellana y niños que viven en zonas de habla valenciana, pero, en ambos casos, «víctimas» ideológicas del catalanista Marzà.

Este chantaje, no sólo afecta directamente a los niños y su formación en lenguas, sino que el decreto reconoce además como “acciones preferentes” de la Consellería primar a los centros que elijan la rama en valenciano. Así, en el artículo 15, se establece que “serán consideradas acciones preferentes de la Conselleria competente (…) las actuaciones realizadas en centros que apliquen el Programa a alumnado mayoritariamente no valenciano hablante de los niveles Avanzado 1 y Avanzado 2”. Estos centros recibirán “recursos adicionales” y además sus profesores, se reconoce, serán “incentivados”. 

El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, encabezado por Isabel Bonig, presentó una queja ante el Defensor del Pueblo sobre el decreto del Consell y desde los servicios jurídicos del Ministerio de Educación se estudia también la posibilidad de que pueda resultar inconstitucional, al discriminar a quienes prefieren educarse en castellano. Desde el Grupo Municipal Popular han sido presentadas varias mociones en las que se pedía igualdad de trato para todos los niños y defender la enseñanza en el idioma que los padres elijan para la formación de sus hijos, pero, tristemente, ni el alcalde de Segorbe, ni su equipo de gobierno respaldó este derecho constitucional.