- El PP de Segorbe votó a favor de la declaración de los Servicios Sociales como Servicios Esenciales
- La recomendación viene impuesta por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra
- La Consellería ha dejado sin conceder 400.000 € para ayudar a la promoción de la autonomía de personas con diversidad funcional
El Grupo Municipal del Partido Popular de Segorbe votó a favor de la declaración de los Servicios Sociales como Servicios Esenciales para el municipio, aunque para los populares los Servicios Sociales siempre han sido esenciales y vitales para el sostenimiento de la sociedad como así se ha venido haciendo durante todos estos años atrás, pero sobre todo para aquellas personas con necesidades específicas.
Los servicios sociales sirven de soporte a las personas más necesitadas por diferentes motivos y en muchas ocasiones son éstos los que canalizan y previenen las situaciones de desprotección social y desarraigo familiar, asesoramiento y orientación a los menores y a las familias en situaciones de riesgo, participación en programas de acogimiento familiar y adopción de menores, diseño e implantación de los programas de reinserción social, entre otras materias.
Sin embargo, este requerimiento viene impuesto por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra quien desde la misma consellería ha dejado de subvencionar parte de la adquisición de bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas o audífonos para promocionar la autonomía de las personas con diversidad funcional. Oltra cabeza visible de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ya lleva contratados 12 asesores por un importe de 44.000€ anuales que multiplicado por 12, la cifra asciende a 582.000€, cuando se comprometió a tener dos únicos asesores.
La aprobación de esta recomendación de la Consellería viene a superar las limitaciones impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de la Administración General del Estado relativa a la contratación de personal, que al parecer en el ayuntamiento de Segorbe no se quiere contemplar y con ello así poder engordar la administración.
Triste es que en España haya todavía quien se crea a estos podemitas e izquierda en general como los solidarios con los pobres.
Señora Yolanda, se cree, usted sola, que ha tenido que llegar al Ayuntamiento de Segorbe para que alguien se preocupara por «las personas». Nos ha traído el cielo.
¡Que se ha creído usted! Por supuesto que al resto de los mortales nos gustaría un país más solidario, más justo, más limpio, más social……
Pero a los que son como usted, les conocemos bien.
No nos fiamos de que despidan al dictador Castro con «Hasta siempre Comandante» y estén cambiando nombres de calles que a nadie le importan.
No nos fiamos que apoyen procesos anti constitucionales como la escisión de una parte de España y que se permitan el lujo de tachar de antidemocráticas las resoluciones de la justicia al respecto.
No nos fiamos de quienes piensan que Otegi es un preso político.
No nos fiamos de los que piensan que el mamporrero de Bódalo y el roba supermercados de Cañamero son víctimas de la justicia.
No nos fiamos de los que piensan que los que no pensamos como ellos somos unos fascistas.
No nos fiamos de su falta de ética, de su falta de preparación, de sus formas y de su desprecio a la democracia.
No nos fiamos de los que se declaran comunistas. El mayor ejemplo de represión hasta ahora conocido.
No nos fiamos de los que declaran gobierno ilegítimo a aquel que la mayoría de la GENTE ha elegido.
No nos fiamos de los que rodean el congreso cuando pierden por una pataleta.
Os hacéis los indignados porque Bárcenas roba 10 millones … pero os parece de p.m. que el payaso de la coleta apoye permanentemente al partido de ETA.
Déjese de circos en los Plenos y mire más por las necesidades de todos los ciudadanos, que somos quienes le pagamos el sueldo.
Lo que necesitamos los segorbinos son políticos de nivel y no más vividores de lo ajeno.
AÑO 1996: Orden de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de octubre de 1996 por la que se regulan los centros especializados de atención a los mayores.
AÑO 2006: Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el se que regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007.
AÑO 2007: Orden de la Consellería de Bienestar Social por la que se hace pública la oferta de plazas en balnearios de la Comunidad Valenciana.
AÑO 2008: Decreto 93/2008, de 4 de julio, del Consell, por el que se desarrolla la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana. La Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la Ley.
AÑO 2009: La Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Bienestar Social, atiende a alrededor de 30.000 personas mayores que viven solas en la Comunidad Valenciana. Concretamente en programas cómo Menjar a Casa, Major a Casa, Teleasistencia, Teléfono de Ayuda al Mayor, Bono Respiro.
AÑO 2010: La Generalitat Valenciana destina 200 millones de euros para la atención a personas mayores.
AÑO 2013: La Generalitat Valenciana adjudica el servicio de alimentación ‘Menjar a Casa’.
AÑO 2014: Los programas ‘Menjar a Casa’ y ‘Major a Casa’ atienden a 4.600 usuarios de la Comunidad Valenciana.
AÑO 2014: La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Segorbe crea la Mesa por la Solidaridad, formado parte de ella Manos Unidas, Cáritas, Cruz Roja y la Asociación Fray Luis Amigó.
AÑO 2015: El 98 % de los usuarios del programa de la Generalitat Valenciana Menjar a Casa se muestra satisfecho o muy satisfecho con el trato y el servicio que reciben.
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AÑO 2016: La retirada de ayudas de Joan Ribó obliga al Banco de Alimentos a echar el cierre en Valencia. Alega que no hay tanta necesidad y que la comida es de mala calidad.
AÑO 2016: El Ayuntamiento de Segorbe contratará a cinco profesionales en los servicios sociales, apostando por incrementar la plantilla para prestar un servicio más cercano, con mayor calidad y atendiendo a las necesidades esenciales de las personas de la comarca ¿de la comarca? . Los Podemitas siguen colocando amiguetes.
Un proverbio mesopotámico sostiene que «quien pone nombre a las cosas comienza a adueñarse de ellas».
Gramsci decía que una victoria política siempre venía precedida de una victoria ideológica. Y esto es, muy probablemente, lo que ha sucedido con el término pobreza energética. Una expresión que se ha colado dentro de los límites del lenguaje político. Hasta el punto de que todos los partidos y organizaciones sociales hablan de ella como si se tratara de una nueva realidad derivada de la crisis.
Sin duda, por ese contumaz ‘adanismo’ que atraviesa hoy la política, y que convierte lo viejo en nuevo. Sigue habiendo quien cree que ha descubierto el Mediterráneo. La pobreza energética, sin embargo, no existe. Lo que existe es ni más ni menos que la pobreza. A secas. Sin apellidos.
Parece evidente que quien no tiene para pagar el recibo de la luz (56 euros mensuales de media), en realidad, está muy cerca de la exclusión social. Y, por lo tanto, intentar poner parches —como evitar que el suministro sea interrumpido en determinadas circunstancias— no es más que un eslogan político que han comprado los neopopulismos a partir de una estrategia tan legítima como deliberada. Y que tiene que ver con la construcción de referentes políticos que sirven de correa de transmisión para el activismo. En este caso, la pobreza energética.
Como es obvio que la pobreza no es un problema nuevo (aunque muchos lo han descubierto ahora) los poderes públicos llevan desde hace mucho tiempo buscando soluciones. Y hoy España, pese a todos sus problemas económicos, mantiene un razonable (aunque nunca es suficiente) sistema de protección social del que se benefician cientos de miles de ciudadanos, y que se articula a través de las comunidades autónomas. O de la propia Administración central mediante las prestaciones no contributivas.