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La Conselleria de Educación decidió dar carpetazo a su propio decreto de plurilingüismo confiando en que con su derogación definitiva pondría fin a la maraña judicial en la que se ha visto atrapada. Pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, lejos de archivar también el asunto, ha dado alas al empeño de la Diputación de Alicante y de asociaciones de padres de tumbar el proyecto plurilingüe del Consell del Botànic. Si recientemente el Alto Tribunal fue rotundo respondiendo al conseller Vicent Marzà que «el decreto derogado mantiene íntegra su vigencia» -en contra del criterio de la Abogacía de la Generalitat y del discurso público del propio conseller-, ayer apuntó al decreto ley que lo sustituyó. De la norma cuestionó directamente su constitucionalidad, por lo que llegará al Tribunal Constitucional, una decisión contra la que no cabe recurso.
En concreto, lo que hace el TSJ es plantear una cuestión de constitucionalidad frente al decreto ley que entró en vigor con el inicio del curso en Infantil. Fue la respuesta de la Conselleria de Educación, por la vía de urgencia, para sortear la suspensión cautelar del primer decreto que llegó en pleno proceso de admisión escolar, y que obligaba a volver a la norma del PP de 2012. Y, como dijo la vicepresidenta Mónica Oltra en rueda de prensa, sobre la mesa no estaba esta opción de ninguna manera.
Así que ahora la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo considera que la norma, aprobada por el Consell en septiembre, «no hace sino mantener el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitaria recogido en el decreto 9/2017 que había sido suspendido por el Alto Tribunal meses antes», según un comunicado del TSJ.
En palabras de los magistrados, «la Conselleria de Educación no cumplió la orden de suspensión; en su lugar, el Gobierno Valenciano aprueba Decreto-Ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos de centro».
De ahí que entiendan que el citado decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución en relación con el art. 44.4 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el artículo. 9.3 de la Constitución «por arbitrariedad al no existir extraordinaria y urgente necesidad para el dictado de tal norma». Y hay que recordar que también el Gobierno central puso en duda el argumento de la urgencia convocando una comisión bilateral para negociar con la Generalitat las «discrepancias», lo cual se entiende como el paso previo a recurrir el decreto ley ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.
La finalidad
En esta línea, el TSJ entiende que el decreto ley «se aprobó con la finalidad de impedir la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que acordaban la suspensión del decreto de plurilingüismo y establecían, además, la forma en que tal suspensión debía ejecutarse». Ahora bien, matiza que «no se cuestiona la constitucionalidad intrínseca ni del Decreto 9/2017 ni el Decreto Ley 3/2017» sino que lo que se trata de determinar es si el decreto ley «impide o limita la ejecución de la suspensión del Decreto 9/2017» acordada en varias resoluciones de la Sala.
La versión que ha dado la Conselleria es totalmente contraria a la del TSJ. Fuentes del departamento de Campanar subrayaron que ni el funcionamiento de los centros ni el alumnado se verán afectados en ningún sentido: con la entrada en vigor de la nueva ley el 21 de febrero, el decreto ley está derogado. Además, Educación recuerda que «el decreto ley ya incluía las observaciones que el TSJ hacía sobre igualar horas lectivas en inglés así como para continuar aplicando la normativa vigente anterior al decreto de 2017».
Fuente: El Mundo
Los nacionalistas llevan años viviendo de la explotación de un victimismo fundado en argumentos falaces, pero eficaces entre los votantes nacionalistas. Y hay que reconocer que han tenido un notable éxito en la venta de ese victimismo.
Pero las mentiras tienen fecha de caducidad. No se puede engañar a la sociedad eternamente. Y a juzgar por la creciente degeneración intelectual de los argumentos del victimismo, hasta los nacionalistas parecen haberse dado cuenta. Incapaces de encontrar un solo argumento presentable, ahora inventan amenazas.
lA CONCEJAL PODEMITA SEÑORA SEBASTIAN YA DIO UNAS LECCIONES DE VALENCIANO EN UN PLENO ESO ES LO QUE LES VA.
Compromis, que tiene una idea muy particular de que solo son buenos los que piensan como ellos, todos los demás son malos, tiene ese punto que pervierte el sentido de la Educación en la Comunidad que además yugula el castellano de una manera total para dar paso a un ideario contumaz y sectario donde los haya.
PSOE + Compromís + Podemos usa a los niños pequeños para sus intereses políticos, ya que no les funciona hacer lo mismo con los adultos.
Si nosotros no lo remediamos, vamos a terminar como esclavos de ésta «gente» cada día más dictadora y con el odio y la locura metidos en sus entrañas, cuyas consecuencias son las sandeces y aberraciones que cometen e intentan imponernos, y que son mayores y más disparatadas a cada momento que pasa.
La inmersión lingüística es la clave de bóveda del soberanismo, la viga maestra angular, el centro de gravedad de la construcción identitaria.
El pensamiento único se ha impuesto a través del habla.
Lo peor de los nacionalistas es que nunca descansan, que jamás se toman un respiro en su cansina matraca aldeana.
El nacionalista no deja cabos sueltos, vigila los letreros de las tiendas, las etiquetas de los productos, el mapa del tiempo, el rótulo de los taxis. Y se aplica con tenacidad indesmayable en el adoctrinamiento de la infancia, garantía de la perpetuación de su designio unívoco, hasta convertir la enseñanza no en un proceso de aprendizaje humano, sino en una factoría de diferencialismo.
Sobre la inmersión lingüística cabe un debate pedagógico sobre la velocidad de aprendizaje, la cohesión escolar, los resultados académicos o la segregación de los niños.
Sin embargo, su existencia no responde tanto a un paradigma educativo como a un programa político. Eso es lo que interesa de veras al nacionalismo: el sometimiento de la enseñanza a su principal objetivo, que es el de la construcción de una sociedad identitaria concebida con principios unívocos.
El soberanismo, que carece de soporte étnico, religioso o ideológico, se aglutina a partir de la lengua como base de sus mitos; el idioma es la característica primordial de su sentido de pertenencia, el marchamo diferencial con que se identifica a sí mismo. Y su imposición excluyente en la escuela, concebida como laboratorio doctrinal, constituye la herramienta decisiva para la creación del imaginario adánico, fundacional, de un pueblo involucrado desde la misma infancia en la conciencia de un destino.
Por tanto, no se trata de una discusión, siempre posible, sobre los métodos didácticos o su potencial de rendimiento, sino sobre la libertad de elección y la igualdad de derechos, sobre la marginación del castellano como lengua común de los españoles y sobre un marco de convivencia civil basado en la tolerancia y el respeto. Y también, por supuesto, sobre el cumplimiento de la ley y de unas sentencias que las autoridades valencianas han considerado siempre inoperantes ante su terco empeño.
Se trata de que España sobreviva como proyecto, de que siga siendo una nación de ciudadanos iguales o se convierta en una simple agregación de territorios acogidos a diferentes fueros y privilegios.
Si no prevalece la Constitución en el ámbito lingüístico tampoco lo hará en ninguna otra escala, y la media sociedad no separatista será derrotada, aherrojada en un gueto culturalmente marginado, excluida y confinada.
Si se permite el incumplimiento de las normas y de las sentencias judiciales, la nación democrática, la nación de ciudadanos libres e iguales, habrá renunciado a defender literalmente su propia palabra. Y habrá convertido en una extravagancia la aspiración de estudiar español –o en español– en una parte de España.