sábado, 14 diciembre, 2019

Magdalena y Sebastián se van del Ayuntamiento sin dar explicaciones

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Fiscalía se suma a la resolución del juzgado de Castellón, que dio la razón a las Hermanas Terciarias de Segorbe al dictaminar que la orden de desalojo de los menores y, por tanto, cierre, del Centro de Acogida de Menores del Colegio “Nuestra Señora La Resurrección”, en mayo de 2017, fue un acto “contrario a derecho e ilegal”.

Ahora la Fiscalía, que vela por los intereses de más de una decena de menores afectados, acaba de emitir un informe en el que, en líneas generales, pide que se confirme la sentencia y rechaza los argumentos de Oltra para cerrar las dependencias.

Un centro con más de 100 años de historia vio manchado su nombre por el mero hecho de su condición religiosa y del que ni una sola explicación ha dado la Consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra, ni tampoco evidentemente el exalcalde socialista, Rafael Magdalena ni la exconcejala, Yolanda Sebastián, que pasarán a la historia por ser los cómplices del cierre ideológico del Colegio de la Resurrección, única “hazaña” reseñable de estos pasados cuatro años y que los segorbinos respondieron en las urnas.

Eso sí, la señora Sebastián y el señor Magdalena, han dejado de ser concejala de Bienestar Social y alcalde respectivamente se han marchado sin dar respuesta a muchas preguntas que los segorbinos demandaban, al igual que Mónica Oltra que no ha perdido perdón ni ha dado las explicaciones correspondientes. Ahora, se tendrá que depurar responsabilidades políticas del cierre que tanto daño causó tanto a menores como a trabajadores del centro.

La falta de respuestas ha dejado claras que el cierre del centro fue meramente ideológico, contra las Hermanas Terciarias y el Alto Palancia y solo sirvió para dejar sin hogar a menores de edad que debieron ser reubicados en otros centros de acogida a tan solo unas semanas para la finalización del curso escolar. Además lo utilizaron para intentar ocultar otros casos flagrantes como es el centro de acogida de menores de Buñol, saturado de residentes trasladados del centro de Monteolivete y los ya demostrados abusos sexuales de tres menores del citado centro a dos chicas menores, centro de titularidad pública y de la que es responsable la Consellera Mónica Oltra.

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Comments 2

  1. luis says:

    y que ocurre ahora,se tomaran medidas contra monica oltra,o quedara en agua de borrajas,despues del daño causado,

  2. Anónimo says:

    Las revelaciones que hoy hace ABC sobre el modus operandi instalado durante años en localidades andaluzas para la compra de votos para el PSOE resulta tan escalofriante como escandalosa. Es un modo de corrupción decimonónico, anclado en la mejor tradición del caudillismo rural, del nepotismo arbitrario y del caciquismo en su máxima extensión. ABC ha tenido acceso a diversa documentación que se salvó de ser destruida en la localidad de Huévar, en el Aljarafe sevillano, en la que figuran manuscritos del teniente del alcalde, del PSOE, bajo el expresivo epígrafe de «Plan 1000». Se trataba de un burdo operativo para conseguir mil votos en las pasadas elecciones, dando trabajo a familiares de esas mil personas. Incluso llegó a elaborarse un listado de control casa por casa. El modelo clientelar de obtención de votos a cambio de prebendas, privilegios y dádivas varias siempre fue una constante en el régimen que impuso el PSOE en Andalucía durante 36 años de Gobierno. Ahora, además, se puede acreditar con una documentación que si no desapareció fue solo por la mala suerte que tuvieron los promotores de semejante operación, al quemárseles la máquina destructora de papeles. El caso revela el descarnado descaro e impunidad con los que actuaba el PSOE, incluida la presunción de que nunca sería sorprendido en este fraude.

    El caso de los ERE -el mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia- o el fraude de los cursos de formación son sin duda más relevantes. Pero palidecen en términos de desvergüenza al lado de lo ocurrido en Huévar. Con razón siempre se dijo que el PSOE no creó en Andalucía solo un cortijo de regalías, sino un auténtico paraíso del pesebrismo y el voto cautivo. Con la diferencia añadida de que en este caso Susana Díaz no puede culpar de todo a espectros políticos del pasado ni a la desesperación del PP o Ciudadanos por ganar. Díaz debe muchas explicaciones. Más de las que tendrá que dar también en la comisión de investigación sobre otro caso, el del desvío de dinero público de la Faffe, en el Parlamento andaluz.

    La mecánica debe de ser tan habitual que pronto se ha apresurado también Pedro Sánchez a seguir en busca del voto cautivo para las elecciones del 10 de noviembre. Ahora sostiene que en vista del «atropello arancelario» que prevé cometer la Administración norteamericana de Donald Trump contra España, con consecuencias inevitables en el campo andaluz, especialmente en el olivar, el Gobierno reducirá el número de peonadas necesarias para cobrar las ayudas públicas. Todo sea por mantener el pesebre, porque el antiguo Plan de Empleo Rural, el famoso PER, siempre se utilizó como un modo fraudulento de extender la red clientelar. Cambiarán las personas, pero no la operativa. Ahora se entienden demasiadas cosas del PSOE en Andalucía.

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