En la Edad Media era frecuente castigar determinados comportamientos con la pena de ‘vergüenza pública’ que consistía en exponer al condenado en la plaza pública para que recibiera azotes y escarnio por parte de los ciudadanos. Esta práctica que nació con la Inquisición ha evolucionado y nos llega a nuestros días en forma de ‘pena de telediario’, una condena cruel que muchas veces causa más daño que los que pretende reparar y se alarga en el tiempo más allá de la resolución del caso.

En 2016, Mónica Oltra decía sentir “vergüenza” de Rita Barberá y del Partido Popular y consideraba que la exalcaldesa de Valencia “no tenía lugar en la vida pública, aunque no esté imputada”. Esta misma semana, hemos conocido que el Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la causa por la que fue llamada a declarar la tristemente fallecida Rita. Señalando en el auto la ‘‘notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito”. ¿Quién repara el dolor, el oprobio, la persecución pública de Rita y de tantos militantes del Partido Popular que fueron atacados por una horda inmisericorde de militantes de izquierda? ¿Quién va a pedir perdón?

La misma Mónica Oltra que lanzaba furibundos discursos contra Rita Barberá desde los platós nacionales de televisión, hoy se encuentra con un juez que pide su imputación por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Anunciaba en televisión española el cierre del centro de la Resurrección de Segorbe, que luego se ha demostrado ilegal, mientras ocultaba las fechorías que su marido estaba cometiendo en uno de los centros de menores que tenía que vigilar. El verdugo se ha quitado la capucha y su rostro no puede resultar más desagradable. Es imposible redimir tanto dolor causado.

Su gran aliado en la Generalitat, Ximo Puig, decía que Barberá “debía dejar la vida política por decencia’ y apostillaba que tenía que haber “comportamiento ético previo a las decisiones judiciales en los partidos”. Hoy, otro juez, investiga las subvenciones ilegales que Ximo le habría concedido a sus familiares en Morella. Una conducta que, de probarse, sería completamente inmoral y obligaría al ‘President’ a -en sus propias palabras- abandonar su cargo público para no ser un ‘indecente’.

Los que ayer tantas lecciones daban y tan fuerte se golpeaban el pecho contra la corrupción y las conductas obscenas, hoy se ven atrapados en la misma hoguera que ayudaron a encender. Mientras, tenemos una Comunitat Valenciana cuyo riesgo de pobreza y exclusión ha aumentado un 33,8% para la clase media y un 44,7% en las clases bajas y somos la tercera autonomía de España con más trabajadores en paro. Un panorama desalentador que puede verse agravado por el momento de crisis que vive nuestro país.

Los que venían a ‘rescatar personas’ y a solucionar todos los males de la Comunitat Valenciana nos han dejado una autonomía con más deuda, impuestos más altos, misma financiación y un creciente problema de descrédito. El proyecto de Ximo Puig y Mónica Oltra está agotado y en tiempo de descuento. No tienen nada más que ofrecer a los valencianos a los que ya ni tan siquiera pueden mirar a la cara sin sentir un ápice de vergüenza. Si la tuviesen, dimitirían.