El abogado Pablo Delgado recoge el abuso de Oltra cerrando el centro de Segorbe, en una entrevista para El Períodico de Aquí

72
VIEWS

Vayamos a la gestión del Botànic con los menores. Como defensor de las hermanas terciarias capuchinas, ¿qué pasó en Segorbe?

Ante la postura de la Conselleria de Políticas Inclusivas e Igualdad de sancionar a la congregación que lo dirigía, se cedió la dirección a los Terciarios Capuchinos dentro del programa de conciertos de la Generalitat porque a las monjas terciarias capuchinas no se les permitió presentarse al concurso como consecuencia del dichoso expediente, desde mi punto de vista de forma injusta. El expediente, que no hay por dónde cogerlo, se llegó a archivar y reabrir hasta en tres ocasiones y que ya hay tres órganos judiciales que confirman esta injusticia en tres procedimientos distintos a lo que la abogacía al servicio de la Generalitat, con absoluta falta de juicio, sigue recurriendo. Quedan aún otros tres procedimientos por dilucidar, pues las Hermanas Terciarias tuvieron, ante el atropello sufrido, que judicializar todas las decisiones que orquestadamente se adoptaban contra ellas en la conselleria de la señora Oltra.

Y conviene recordar que las hermanas se han defendido en los tribunales esencialmente por proteger a los niños por ellas tutelados, y su labor centenaria en el cuidado de los mismos. Y eso lo están reconociendo los tribunales.

¿Por qué se produjo la sanción?

Fue una sanción económica y de cierre temporal, como ya he dicho después de reiniciar el expediente por caducidad y desidia de la administración, y de forma coetánea, una resolución de finalización de contrato administrativo parcial ilegal, discriminatoria y con carácter sancionador, dictada al mismo tiempo que se prorrogaron todos los contratos con todos los centros de la Comunitat Valenciana sin excepción, salvo el de Segorbe. Los motivos que alegaban para sancionar fueron incumplimientos materiales, como por ejemplo del suelo antideslizante de las duchas, que fue sustituido en una semana. La Conselleria no pasó nunca a comprobarlo. De hecho, en esa inconsistencia se basan los jueces para dictar sus sentencias ya que el informe de inspección de la propia conselleria de la señora Oltra decía que las deficiencias detectadas se tenían que subsanar en un plazo de tres meses y antes de que se girara nuevamente, la inspección visita pasado el plazo, y no propone nunca el cierre del centro. Esas visitas de inspección constataron el cumplimiento de las subsanaciones pero pese a ello la conselleria de la señora Oltra sancionó y cerró el centro. Otra curiosidad es que requerían llaves para las taquillas de los niños, a lo que las hermanas respondieron que dicha medida obedecía a un mejor control de sustancias prohibidas u otros utensilios peligrosos que pudieran guardar los menores, sin que esto atentase su intimidad. Puesto que nos sancionaron por no tener las llaves las pusimos, y en la última visita de inspección nos han dicho algo así como que por que las taquillas tienen llaves. Esto es lo que hay…

¿El cierre fue una decisión técnica o política?

Es desde luego injustificada técnicamente, lo dicen los Juzgados y el TSJCV, y por tanto política, en tanto que además son las instancias políticas las que siguen ordenando a la Abogacía al servicio de la Generalitat que siga defendiendo sus actos.

La Conselleria de Políticas Inclusivas e Igualdad ha desvirtuado esas deficiencias subsanables en sus declaraciones públicas que fueron y están siendo malintencionadas. Sostengo especialmente que es incierto también que a los niños se les duchara con agua fría. Es falso. Una educadora explicó que un niño de cuatro años presentaba una situación de ansiedad e inestabilidad irreconducible por medios ordinarios, ante lo cual, con sumo cuidado y atención, decidió variar la hora de aseo y ducharlo con agua templada para que reaccionara y se calmara, lo que consiguió con éxito, para proseguir posteriormente a acostar al menor y contarle un cuento. La pobre educadora lloraba a lágrima viva cuando escuchaba las acusaciones que le dirigían desde la tribuna del parlamento y en todos los medios de comunicación, y que aún seguimos viendo, porque nunca le preguntaron, ni le permitieron informar sobre la actuación efectuada, nunca investigaron nada porque no les interesaba, solo querían el titular. De facto presentamos hasta un detallado informe pericial de un reputado pediatra que estudió la situación y convalidó plenamente la actuación de la educadora. Los trabajadores, educadores, han sufrido muchas mentiras. Se intentó tergiversar el trabajo y nunca se preguntó ni a los educadores ni al centro porque no les interesaba.

La diferencia es que en otros centros dependientes de entidades privadas al servicio de la conselleria las terapias para reconducir a los niños no son estas, sino el suministro de medicamentos, y aún estamos esperando que esto se investigue.

En sede parlamentaria se denunciaron abusos sexuales a una menor en Segorbe que fueron archivados.

Nada se dice en el informe de inspección, fechado en febrero del 2017 porque los presuntos abusos, que no con sentencia firme resulta que luego no lo fueron, se produjeron en enero del 2016. Y casualmente esto no se hace público hasta mayo de 2017. No sabemos por qué. En enero de 2016, las hermanas y los educadores tuvieron conocimiento que había una niña que había dicho que en Navidad, fuera del centro y en horario no laboral había quedado con un educador a tomar café, y en alguna otra ocasión en ese periodo. Lo que se ponía de manifiesto con el Whattsap que la menor mostró a los educadores del centro. Como ha sido probado y consta en el expediente de la propia conselleria abrió ese mismo año, ninguno de los mensajes que envió el educador era de carácter sexual, pero confirmaron a las hermanas que se habían producido conversaciones fuera del centro en periodo vacacional, extremo que confirmó también el educador. Este comportamiento está prohibido y por eso se le despidió. El trabajador lo asumió y no recurrió porque conocía que no estaba permitido. El procedimiento fue archivado y tanto el educador en su procedimiento que fue absuelto, como las religiosas en la instrucción que fue inmediatamente sobreseída en Segorbe por supuesta obstrucción, quedaron apartadas de cualquier sombra. Pese a lo cual aún ahora estamos estas semanas oyendo desde la portavocía del gobierno valenciano que el despido del trabajador fue un pacto para ocultar pruebas, lo que no sólo no es cierto sino que es además una grave acusación de haber incurrido en un delito de obstrucción a la administración de justicia

¿Qué interés había entonces?

Con el tiempo hemos visto que a la vez pasaban otras cosas en otros centros concertados también con la Generalitat. Pero aplicando la presunción de inocencia a todo el mundo, no entiendo cómo para el centro de Segorbe se extremaron con tanta visceralidad medidas de cierre y traslado de los niños, que luego los tribunales han declarado ilegales y contrarias a Derecho, y en otros centros al tiempo y ante denuncias de abusos sexuales, ni siquiera se adoptaron medidas de protección de los menores o se iniciaron procedimientos de inspección o sanción. Parece ser que el Derecho no se aplica de igual forma a todos en la Conselleria de Igualdad.

*Extraído de la entrevista que realiza Pilar Tamayo al abogado Pablo Delgado en El Periódico de Aquí que pueden ver en el siguiente enlace:

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/pablo-delgado—la-abogacia-del-estado-no-debe-doblar-el-brazo-porque-resulte-conveniente-para-una-investidura-/199428

Siguiente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.