domingo, 8 diciembre, 2019

La magistrada que juzgó a la expareja de Mónica Oltra traslada al TSJ un informe crítico con la entidad

La jueza denuncia la falta de apoyo del centro en el caso de la menor tutelada

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La magistrada que presidió el tribunal que la semana pasada juzgó por un presunto delito de abusos sexuales a un monitor de un centro de menores de València, expareja de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, lamenta la falta de colaboración del centro donde reside la víctima con las autoridades judiciales durante todo el proceso.

Así figura en un informe, según ha podido saber Levante-EMV, realizado después de que la denunciante, que en la actualidad tiene 17 años, fuese trasladada a la Ciudad de la Justicia con esposas y permaneciera con ellas puestas hasta que accedió a la sala donde se juzgaban los hechos.

La imagen fue tan excepcional que incluso la magistrada pidió perdón a la menor y le recordó que no tenía que asumir ninguna responsabilidad por estos hechos y podía marcharse tras el juicio. Tras presenciar la escena, la sección abrió una investigación interna para esclarecer lo sucedido y evitar que la escena se repita.

El informe fue sometido ayer a consideración ante la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). La magistrada trasladó a este órgano que los responsables del centro no comunicaron en ningún momento a la sección segunda que la víctima estaba ingresada en un centro de reforma en régimen de semilibertad, según confirmaron diversas fuentes.

Es más, pese a que la vista se suspendió hasta en dos ocasiones anteriores porque la menor no quería acudir al juicio e intentó escaparse, el centro no comunicó en ningún momento a la Audiencia las circunstancias en las que se encontraba: fue derivada a estas instalaciones por una pelea con una compañera.

Estatuto de la víctima

Según esta información, una de las conclusiones del documento es la vulneración flagrante del estatuto de la víctima en este caso concreto, pues el centro tampoco comunicó a los agentes de la Policía Autonómica que la niña tenía que ser trasladada a los juzgados para acudir a un juicio como denunciante y no como acusada.

El informe recoge cómo la magistrada llamó al subinspector tras encontrarse a la menor llorando en el pasillo con las esposas puestas. Según fuentes jurídicas, solicitó que se las quitaran, pero los agentes se negaron alegando que debían cumplir el protocolo establecido en estos casos. Desconocían, según lo constatado después, que se trataba de una víctima de presuntos abusos sexuales.

Todos los menores tutelados por la Generalitat son vulnerables, pero la denunciante de estos hechos lo es especialmente, concluyó la magistrada ante la sala, por la ausencia total de apoyo familiar, por lo que «requería un nivel mayor de protección» del que tuvo por parte del centro.

La niña está en situación de desamparo e institucionalizada desde los cuatro años, es decir, ha crecido en centros de menores.

Como ha venido publicando este periódico, a la menor tampoco se le asignó un defensor judicial para que velara por sus derechos. Se trata de una figura prevista por la ley que busca garantizar sus derechos en estos casos.

De hecho, la menor ni siquiera reclamaba una indemnización porque nadie la informó. La Fiscalía modificó sus conclusiones en el juicio de la pasada semana para que al menos sea indemnizada con 6.000 euros. El informe ha sido remitido a las «autoridades administrativas» para que revisen sus protocolos.

Fuente: Levante-EMV

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