En un momento culminante del pasado pleno, el alcalde formuló la pregunta: ¿De quién es la verdad? (20:08) Pregunta de connotaciones bíblico-filosóficas y de difícil respuesta. Por eso quizá sea más práctico y sencillo centrarse, no en la verdad sino, en la posverdad; porque, además, esta distorsión de la realidad por medios argumentales y emocionales está de muy de moda.
Creo que en el caso del imprudente cierre del Colegio de la Resurrección la influencia de la posverdad ha alcanzado ya límites inimaginados en un ámbito local y si en las últimas intervenciones de los políticos implicados se volvía a recurrir al descrédito más explícito para justificar el extraño cierre; esta vez, con argumentos más pulidos, se intenta, al parecer, templar el descontento mayoritario e inutilizar el esfuerzo de la oposición por evidenciar el injusto trato institucional dirigido hacia el centro de menores. Sin embargo, tras una verdadera reflexión del asunto, el recurso de la hemeroteca y la imparcialidad suficiente; más allá de la supuesta trampa argumental, se puede sacar a relucir lo razonable y se puede poner de manifiesto, además, cierta intención aparente por eludir, mediante palabrería embrolladora, el deber de pedir disculpas.
Que unos políticos y parte de la ciudadanía exijamos disculpas por, de entre otras cosas, proferir frases en televisión que dañan la buena reputación de una institución benéfica centenaria y, por extensión, del buen nombre de un pueblo digno como es Segorbe es un asunto de justicia, no exclusivamente una competencia judicial como, en el último pleno, parecía que nos intentaba indicar el señor alcalde (18:35). Que se defienda con argumentos a conciudadanos que están padeciendo un descrédito por circunstancias no probadas es un deber cívico, es solidaridad natural y también es una actividad que cesaría si los hechos que se alegan para justificar el cierre fueran judicialmente probados, pero no es el caso. Que se dude de un informe que -según algunas fuentes- no se presentó a la institución interesada; que se cuestione porque -según ciertas voces- relata hechos gravísimos que, sin embargo, no bastan para sostener una denuncia; no es un delito. Dudar cuando las circunstancias observadas difieren de las relatadas o cuestionar la incoherencia manifiesta es sencillamente una reacción normal de la libre opinión pública en pos de la verdad y en detrimento de la posverdad; incluso si el citado informe lleva el sello de la Consellería, pues por ahora -de todos es sabido- nadie en ella goza del don de la infalibilidad. La insistencia de Sebastián -durante el pleno (25:24)- por criminalizar la duda razonable sobre tal informe solo denota, en mi opinión, que -más allá de las apariencias- el documento es un punto flaco del caso en cuestión y es por eso que conviene reforzarlo con todo tipo de recursos pues, a fin de cuentas, hace las veces de la piedra angular en la cual se sostiene toda la argumentación que procura justificar el cierre.
Según se dice también, en la entrevista que comenta el pleno, el asunto de las Terciarias ha generado “fractura social”; no lo niego, pero, no obstante, creo que la mayor fractura que de él se deriva no se circunscribe en la ciudadanía; más bien se localiza entre la ciudadanía y la institución pública. No es de extrañar, pues sencillamente esto es el resultado lógico de la implementación de políticas que son tan dudosas como imprudentes. Políticas erróneas que, antes que procurar justificarlas con malabarismos argumentales y descréditos, conviene remendarlas pues ponen en entredicho la credibilidad de los organismos de gobierno. De ahí la oportuna solicitud de la oposición en el pasado pleno. Pero, al fin y al cabo, y más en tiempos de la posverdad ¿qué se puede esperar de aquellos a los que, incluso, les resulta difícil reconocer su responsabilidad en los casos de Buñol y Monteolivete? Pues simplemente que estén a la moda. Muy a la moda.
Mal vamos, si seguimos los consejos del alcalde: las malas prácticas políticas no tendrán la más mínima crítica pues implicará juzgar y juzgar es competencia del poder judicial, por lo tanto todos calladitos y, en todo caso, siempre podremos aplaudir al Consell; por lo visto esa actividad sí es competencia exclusiva de la ciudadanía y de los partidos. ¿No señor Magdalena? ¿Aplaudir si que podemos, verdad, señora Sebastián? ¿Eso no afecta a la fractura social? Verdad?
Magdalena no convence. Los políticos no administran justicia pero es su deber ponerse del lado de los ciudadanos que han sido afectados por ciertas políticas -totalmente cuestionables- evidenciándolas con los medios disponibles. No se trata de emitir juicios se trata de llevar al pleno aquello que a todas luces perjudica el nombre de Segorbe y más si son acciones políticas como las que se han producido en torno al colegio de la Resurrección. La idea de Magdalena, deja a los ciudadanos sin el respaldo de sus políticos, a mi juicio es una argumentación connivente e irresponsable que asocia mal ciertos conceptos pretendiendo de este modo no hacer oposición a las políticas del Consell.
EL TOQUE DE HUMOR CON EDUCACIÓN Y EL PERMISO DEL SEÑOR ALCALDE:
El Gobierno, obligado a subir impuestos para compensar los que no pagan sus ministros:
“O pagáis vosotros los impuestos que os corresponden, o voy a tener que subírselos a los españoles”. Con estas palabras y en un tono severo, el presidente del Gobierno ha reprochado a sus ministros en el Consejo celebrado esta mañana en Moncloa las informaciones que señalan que se ha encontrado a un cuarto miembro del Gobierno —tres ministros confirmados (Maxim Huerta, Pedro Duque y ahora Nadia Calviño) y una secretaria de Estado (María José Rienda), además de la administradora de RTVE (Rosa María Mateo)y una cuarta ministra (Isabel Celaá) bajo sospecha de ocultar su enorme Patrimonio— con una sociedad instrumental para evitar pagar los impuestos que les corresponderían como personas físicas y ciudadanos responsables que son.
Tras esas duras palabras que han motivado un largo y embarazoso silencio en la mesa del Consejo de Ministros sólo roto por alguna tosecilla disimulada, la votación ha quedado 17 a 0 a que paguen los españoles. Este resultado ha sido recibido por el Doctor Sánchez con cierta satisfacción democrática: “Si todo el mundo está de acuerdo, no hay más que decir, que esto y no otra cosa es la democracia, como bien explico en mi tesis doctoral cum laude sobre Economía Democrática Impositiva […] ¿Cómo? […] ¿Qué mi tesis no es sobre eso? Primera noticia… Un día de estos tendría que leérmela, Ja, ja, ja…
¡Ay, si no fuera por estos momentos y los que paso en el baño del Falcon…! Sigamos con el siguiente punto del orden del día: informe sobre las posibilidades de acusar de rebelión a VOX, ¿Qué dice el informe de la Abogacía del Estado, Lola?
¿De quién es la verdad? ¿Y la posverdad?
En un momento culminante del pasado pleno, el alcalde formuló la pregunta: ¿De quién es la verdad? (20:08) Pregunta de connotaciones bíblico-filosóficas y de difícil respuesta. Por eso quizá sea más práctico y sencillo centrarse, no en la verdad sino, en la posverdad; porque, además, esta distorsión de la realidad por medios argumentales y emocionales está de muy de moda.
Creo que en el caso del imprudente cierre del Colegio de la Resurrección la influencia de la posverdad ha alcanzado ya límites inimaginados en un ámbito local y si en las últimas intervenciones de los políticos implicados se volvía a recurrir al descrédito más explícito para justificar el extraño cierre; esta vez, con argumentos más pulidos, se intenta, al parecer, templar el descontento mayoritario e inutilizar el esfuerzo de la oposición por evidenciar el injusto trato institucional dirigido hacia el centro de menores. Sin embargo, tras una verdadera reflexión del asunto, el recurso de la hemeroteca y la imparcialidad suficiente; más allá de la supuesta trampa argumental, se puede sacar a relucir lo razonable y se puede poner de manifiesto, además, cierta intención aparente por eludir, mediante palabrería embrolladora, el deber de pedir disculpas.
Que unos políticos y parte de la ciudadanía exijamos disculpas por, de entre otras cosas, proferir frases en televisión que dañan la buena reputación de una institución benéfica centenaria y, por extensión, del buen nombre de un pueblo digno como es Segorbe es un asunto de justicia, no exclusivamente una competencia judicial como, en el último pleno, parecía que nos intentaba indicar el señor alcalde (18:35). Que se defienda con argumentos a conciudadanos que están padeciendo un descrédito por circunstancias no probadas es un deber cívico, es solidaridad natural y también es una actividad que cesaría si los hechos que se alegan para justificar el cierre fueran judicialmente probados, pero no es el caso. Que se dude de un informe que -según algunas fuentes- no se presentó a la institución interesada; que se cuestione porque -según ciertas voces- relata hechos gravísimos que, sin embargo, no bastan para sostener una denuncia; no es un delito. Dudar cuando las circunstancias observadas difieren de las relatadas o cuestionar la incoherencia manifiesta es sencillamente una reacción normal de la libre opinión pública en pos de la verdad y en detrimento de la posverdad; incluso si el citado informe lleva el sello de la Consellería, pues por ahora -de todos es sabido- nadie en ella goza del don de la infalibilidad. La insistencia de Sebastián -durante el pleno (25:24)- por criminalizar la duda razonable sobre tal informe solo denota, en mi opinión, que -más allá de las apariencias- el documento es un punto flaco del caso en cuestión y es por eso que conviene reforzarlo con todo tipo de recursos pues, a fin de cuentas, hace las veces de la piedra angular en la cual se sostiene toda la argumentación que procura justificar el cierre.
Según se dice también, en la entrevista que comenta el pleno, el asunto de las Terciarias ha generado “fractura social”; no lo niego, pero, no obstante, creo que la mayor fractura que de él se deriva no se circunscribe en la ciudadanía; más bien se localiza entre la ciudadanía y la institución pública. No es de extrañar, pues sencillamente esto es el resultado lógico de la implementación de políticas que son tan dudosas como imprudentes. Políticas erróneas que, antes que procurar justificarlas con malabarismos argumentales y descréditos, conviene remendarlas pues ponen en entredicho la credibilidad de los organismos de gobierno. De ahí la oportuna solicitud de la oposición en el pasado pleno. Pero, al fin y al cabo, y más en tiempos de la posverdad ¿qué se puede esperar de aquellos a los que, incluso, les resulta difícil reconocer su responsabilidad en los casos de Buñol y Monteolivete? Pues simplemente que estén a la moda. Muy a la moda.
Mal vamos, si seguimos los consejos del alcalde: las malas prácticas políticas no tendrán la más mínima crítica pues implicará juzgar y juzgar es competencia del poder judicial, por lo tanto todos calladitos y, en todo caso, siempre podremos aplaudir al Consell; por lo visto esa actividad sí es competencia exclusiva de la ciudadanía y de los partidos. ¿No señor Magdalena? ¿Aplaudir si que podemos, verdad, señora Sebastián? ¿Eso no afecta a la fractura social? Verdad?
Magdalena no convence. Los políticos no administran justicia pero es su deber ponerse del lado de los ciudadanos que han sido afectados por ciertas políticas -totalmente cuestionables- evidenciándolas con los medios disponibles. No se trata de emitir juicios se trata de llevar al pleno aquello que a todas luces perjudica el nombre de Segorbe y más si son acciones políticas como las que se han producido en torno al colegio de la Resurrección. La idea de Magdalena, deja a los ciudadanos sin el respaldo de sus políticos, a mi juicio es una argumentación connivente e irresponsable que asocia mal ciertos conceptos pretendiendo de este modo no hacer oposición a las políticas del Consell.
Al eterno futuro abogado ¿en la carrera de Derecho le enseñaron que existe el delito de injurias, o tendrá que aprenderlo con una denuncia contra él?
EL TOQUE DE HUMOR CON EDUCACIÓN Y EL PERMISO DEL SEÑOR ALCALDE:
El Gobierno, obligado a subir impuestos para compensar los que no pagan sus ministros:
“O pagáis vosotros los impuestos que os corresponden, o voy a tener que subírselos a los españoles”. Con estas palabras y en un tono severo, el presidente del Gobierno ha reprochado a sus ministros en el Consejo celebrado esta mañana en Moncloa las informaciones que señalan que se ha encontrado a un cuarto miembro del Gobierno —tres ministros confirmados (Maxim Huerta, Pedro Duque y ahora Nadia Calviño) y una secretaria de Estado (María José Rienda), además de la administradora de RTVE (Rosa María Mateo)y una cuarta ministra (Isabel Celaá) bajo sospecha de ocultar su enorme Patrimonio— con una sociedad instrumental para evitar pagar los impuestos que les corresponderían como personas físicas y ciudadanos responsables que son.
Tras esas duras palabras que han motivado un largo y embarazoso silencio en la mesa del Consejo de Ministros sólo roto por alguna tosecilla disimulada, la votación ha quedado 17 a 0 a que paguen los españoles. Este resultado ha sido recibido por el Doctor Sánchez con cierta satisfacción democrática: “Si todo el mundo está de acuerdo, no hay más que decir, que esto y no otra cosa es la democracia, como bien explico en mi tesis doctoral cum laude sobre Economía Democrática Impositiva […] ¿Cómo? […] ¿Qué mi tesis no es sobre eso? Primera noticia… Un día de estos tendría que leérmela, Ja, ja, ja…
¡Ay, si no fuera por estos momentos y los que paso en el baño del Falcon…! Sigamos con el siguiente punto del orden del día: informe sobre las posibilidades de acusar de rebelión a VOX, ¿Qué dice el informe de la Abogacía del Estado, Lola?