Las trabajadoras de las empresas Limpiezas Raspeig y Netalia, de la misma propietaria y que trabajan en varios centros públicos, han acordado en asamblea continuar con la huelga indefinida que han iniciado este lunes y mantendrán hasta el próximo viernes para reclamar el pago de los salarios pendientes.
Las limpiadoras se concentraron ayer frente al Palau de la Generalitat en València para reclamar a la Administración pública que «rescinda» el contrato a estas empresas, por el incumplimiento de los compromisos con sus plantillas, y que les «veten» en las próximas licitaciones.
Las empresas Limpiezas Raspeig y Netalia ofrecen servicios a 85 institutos de educación secundaria de las tres provincias, pertenecientes a la Conselleria, así como a la Subdelegación del Gobierno, a la Tesorería de la Seguridad Social y al INSS, entre otros centros públicos.
Según ha explicado a Efe el portavoz de Servicios de CCOO-PV, Pedro Medina, esta mañana han mantenido una reunión con responsables de la Conselleria de Educación, quienes les han trasladado que están «fiscalizando» a las empresas y «presionando para que paguen» las nóminas que adeudan, las de diciembre y la extra de Navidad en algunos casos y el mes de enero en toda la plantilla.
Medina ha señalado asimismo que la conselleria les ha informado de que ha abierto a la empresa un expediente sancionador, que podría impedir que volviera a concursar en otras licitaciones del servicio en un futuro.
Ha indicado asimismo que la conselleria les ha informado de que está al día en el pago de las facturas a las empresas en el caso de los servicios de los institutos, de cerca de 700.000 euros, y está agilizando la fiscalización para los pagos pendientes.
Medina ha explicado que son 700 los trabajadores afectados, más del 90 por ciento mujeres, en las tres provincias, cuyos salarios medios, por jornadas parciales, oscilan en torno a los 600 euros, aunque en muchos casos la deuda asciende a 2.000 euros.
Una de las portavoces de las trabajadoras, Yolanda Guerrero, ha explicado a Efe que la situación es en algunos casos «insostenible», ya que no han podido pagar facturas de la luz o de la hipoteca porque su nómina es el único ingreso de la familia.
«La Administración nos está abandonando. Estamos en aguas de nadie», ha lamentado Guerrero, quien asegura que, aunque los centros en los que trabajan «no tienen la culpa» se han visto obligados a ir a la huelga ante su situación.
EFE
El responsable sindical de CCOO PV ha lamentado que las empresas Limpiezas Raspeig y Netalia no han comunicado a las empleadas si les correspondía hacer servicios mínimos. Lo que sí ha hecho es «amenazar con despidos» si no acudían a su puesto de trabajo.
En todo caso, desde los sindicatos han asegurado que se cumplirán con los servicios mínimos a pesar de que los consideran «abusivos».
Queda claro que la conselleria de educación no tiene solución lógica y normal en ningún tipo de medida que sectariamente ha impuesto en los cuatro años de lamentable legislatura.
OTRO EJEMPLO DE LA RUINA QUE PRODUCE LA IZQUIERDA CADA VEZ QUE DESGOBIERNA:
Valencia, 18 de febrero de 2019. Una millar de personas guardan turno en las inmediaciones del Jardín Botánico -símbolo del gobierno de izquierdas de la Generalitat- para recoger los víveres básicos que distribuye el Banco de Alimentos. Se trata de comida básica. Pan, yogures o leche. Cualquier ayuda es buena. Acuden indigentes. Los sin techo se mezclan con familias enteras, ancianos y jóvenes que esperan con paciencia la cola, se apuntan al reparto y llenan la despensa para unos días.
Mientras, en el otro lado del planeta, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, sigue de viaje oficial en Nueva York. Allí presentará a Valencia como capital de la «alimentación sostenible».
En la capital del Turia la llegada al gobierno local de Compromís supuso un giro a la política de servicios sociales del que resultó damnificado el Banco de Alimentos, que perdió la ayuda de 85.000 euros que percibía del Ayuntamiento. Pese a ello, ha mantenido su actividad gracias a los voluntarios y a las aportaciones de particulares y entidades privadas.